Picardo tiene sobre sí una acusación formal y contundente de la Unión Europea que revela la comisión de delitos. Ya no podrá argumentar que es una falacia inventada por España
HACE un año, el primer ministro británico, David Cameron, se dejó influir por el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en su campaña de acoso a España y reclamó la intervención de la Unión Europea para que nuestro Gobierno rebajase la intensidad de los controles en la frontera. Un año después, no solo se ha demostrado que la labor de las Fuerzas de Seguridad españolas es legítima, sino que hoy los Ejecutivos de Londres y Madrid se encuentran sobre la mesa un detallado informe de la Oficina Europea Anti-Fraude (OLAF), en el que se concluye sin reservas que los delitos de contrabando de tabaco y de blanqueo de capitales, denunciados por España, se han cometido en el Peñón. Por ello, aconseja a los dos países que inicien procedimientos judiciales de carácter penal en sus respectivas jurisdicciones. La UE es taxativa: esos delitos «afectan a intereses financieros, o de otra índole, de la Unión Europea». Es precisamente el argumento que viene sosteniendo España desde hace tiempo frente a los abusos y la indolencia de Picardo, y frente a la connivencia británica que se deriva de su política débil ante el fraude en el Peñón.
El informe de la Oficina Anti-Fraude supone un salto cuantitativo para apuntalar el cerco legal contra un modo de vida que ha convertido a Gibraltar en mucho más que un mero paraíso fiscal por la permisividad con la que ha actuado frente al tráfico ilegal de muchos productos: desde combustible a gran escala a tabaco oculto en la guantera de un coche.
La obsesión antiespañola de Picardo ha llevado al Reino Unido a una situación embarazosa, porque no se puede ignorar que la responsabilidad última de lo que ocurre en el Peñón no se puede atribuir en exclusiva a las autoridades locales. Compete en todos sus niveles al Gobierno británico. Londres lleva más de tres siglos usurpando este territorio. Durante todo este tiempo, España ha mantenido invariablemente su reclamación, sin por ello cerrar la puerta a la cooperación estratégica con el único gran país europeo con el que compartimos una proyección atlántica. Hasta ahora –y Cameron no ha sido una excepción– los sucesivos dirigentes británicos han preferido apoyarse en los gibraltareños y sus dirigentes e ignorar intereses superiores. Por ejemplo, en estos momentos el Gobierno ha vuelto a ofrecer a Gran Bretaña un leal apoyo para la reforma de las instituciones comunitarias, que es el principal objetivo de Londres, a cambio de frenar las provocaciones sistemáticas de Picardo. Desde ahora, el primer ministro gibraltareño tiene sobre sí una acusación formal y contundente de la UE que revela la comisión de graves delitos. Ya no podrá argumentar que es una falacia inventada por España.
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